Decir que quien critica al Estado actual está contra los hospitales o las escuelas públicas es una falacia moral.
No se trata de querer destruir lo público, sino de evitar que se pudra desde dentro. El verdadero enemigo del Estado de bienestar no es el contribuyente que protesta, sino el político que lo convierte en un cortijo.
España recauda 38,5% del PIB, cuatro puntos por debajo de la media de la eurozona (42,7%) pero gasta un 51% del PIB, lo que genera déficit crónico y deuda récord, más de 1,6 billones de euros, el 109% del PIB.
El problema no es que falte dinero, sino que se despilfarra.
Más de 80% del gasto público se destina a pensiones, sanidad, educación y paro. Sin embargo, la calidad de los servicios cae. Las listas de espera superan ya los 850.000 pacientes, la atención primaria está colapsada, y la educación pública pierde peso frente a la concertada y privada. ¿Dónde se queda entonces el dinero?
El Estado se ha convertido en un intermediario ineficiente, hipertrofiado por duplicidades, chiringuitos ideológicos y empresas públicas que sirven de refugio a afines.
España tiene más de 22.000 entes públicos, muchos creados para burlar los límites de contratación y deuda. No es casual que tengamos el doble de cargos políticos que Alemania y un 30% menos de productividad.
La izquierda institucional confunde defender lo público con blindar el poder del partido.
Habla de carreteras y luz en las calles pero calla cuando se trata de fundaciones subvencionadas sin control, sueldos de asesores o publicidad institucional que supera los 250 millones de euros anuales. Eso también se paga con impuestos.
El discurso del pagar es solidaridad solo tiene sentido si hay transparencia y reciprocidad. Si el Estado no rinde cuentas, los impuestos dejan de ser un pacto social y se convierten en una exigencia legal sin sentido.
No es egoísmo querer que el dinero público se gestione bien, es responsabilidad cívica.
Y sobre Andorra, conviene recordar que no todos los que se marchan lo hacen por codicia. Algunos se cansan de ver cómo se castiga el mérito, se exprime a los autónomos y se premia al enchufe.
En los países nórdicos, tan citados por la izquierda, se pagan impuestos altos, sí, pero a cambio de servicios eficaces, transparencia y respeto institucional.
Texto: Salvador Cruz Quintana
